Las aseguradoras y la Hepatitis C

Los representantes legales de varias compañías aseguradoras de pacientes afectados por el virus de la hepatitis C, que constan en la causa que se sigue a la Audiencia de Valencia contra el anestesista Juan Maeso, han asegurado hoy en la undécima sesión del juicio, que en la documentación de la cual disponen no los constan las facturas pagadas al anestesista que asistió sus asegurados en las intervenciones quirúrgicas a las cuales fueron sometidos.

Así, el representante legal de las compañías Ibesvico e Iberdrola, esta última fue la primera de las entidades que detectó un aumento de los casos del virus en pacientes que habían sido intervenidos en la Casa de la Salud, ha explicado que entre sus afectados cinco pertenecen a la Mutualidad, donde únicamente consta una factura a nombre de Maeso, y 16 a Iberdrola, uno de ellos con dos operaciones.

En este caso, de las 17 intervenciones, se facturaron cinco en la sociedad Asistencia Anestésica y Cuidados Intensivos S.L., dos a Maeso, seis al anestesista Sáenz Merino –con el cual el acusado mantenía colaboración– y otros cuatro no consta factura de este profesional. En dos de los pacientes de los cuales no hay factura de anestesista, ha señalado que tenían «referencias de terceros» sobre quién participó, es decir, informes médicos del anestesista. En uno de ellos, además, el informe médico indica que fue Maeso el anestesista y se facturó a Sáez Merino.

Aún así, en estos supuestos ha afirmado que no podía estar absolutamente seguro de quién intervino aunque se había emitido una sola factura y tampoco le constaba que se hubiera producido alguna incidencia entre los anestesistas por el cobro de una operación.

En el supuesto de la compañía Telefónica, que junto con Iberdrola fue de las primeras a denunciar administrativamente y judicialmente el caso de sus 16 empleados, ha indicado que en función de la documentación que dispone esta entidad colaboradora de la Seguridad Social, sí se le abonaron facturas al acusado –no ha precisado cuántas–, algunas directamente y otras indirectamente a través de sociedades, como era habitual en otros facultativos.

Aún así, en los dos casos los representantes legales de las dos compañías han señalado que ellos se ocupaban de la vigilancia de la salud del enfermo puesto que la «coordinación», la «supervisión», el «control» y la «inspección» de cirujanos y anestesistas correspondía a los servicios públicos de salud. Además, las dos entidades aseguradoras, que realizaron un estudio entre sus empleados después de detectar contagios, han indicado que era el cirujano quien elegía los anestesistas que trabajaban con él.

El representante de Iberdrola ha explicado que fue a final de febrero del 1998 cuando tuvieron noticias que podía «haber algo» y ya a principio de marzo lo comunicaron a las autoridades administrativas y judiciales.

En relación con Telefónica, –entidad con 16 afectados– su representante legal ha señalado que en 1997 el médico supervisor de la entidad colaboradora, Enrique Bordería, ya detectó el 1997 dos casos separados de hepatitis C entre sus empleados después de ser intervenidos, el que los pareció «anormal». El 23 de enero del 1998 fue la fecha en la cual uno de los doctores que operaba en la Casa de la Salud los comunicó por carta que había detectado una incidencia del virus entre los pacientes que había operado, hecho que ponía en conocimiento tanto de ellos cómo de la clínica.

Bordería se dirigió al hospital para informar que suspendía el envío de pacientes y, según la representante legal, los «instó a controlar la cadena de esterilización» aunque recibieron la respuesta que ya se había analizado y no había indicios que de allí surgiera el problema. También, a fecha 2 de febrero, los indicaron que habían analizado el personal del centro y no se detectó nada irregular y sólo faltaban los especialistas. La compañía decidió observar la incidencia de la enfermedad entre los pacientes intervenidos los últimos años y comunicó todo el que aparecía a Sanidad.

En el caso de Mapfre Casa Salud, compañía de la cual constan en la causa cuatro afectados, su representante legal ha indicado que en uno de los supuestos, teóricamente intervenido a la Casa de la Salud, fue una operación a la Virgen de Consuelo en la cual no consta ningún pago en concepto de anestesia a Maeso; en el segundo, no los consta haber pagado nada de la operación; el tercero el paciente figura como dado de baja; y en el cuarto con sólo que se han pagado los honorarios de la clínica Casa de la Salud.

En el seguro del Banco Santander Central Hispano, con otros cuatro afectados, la representante legal ha indicado que, sólo en un caso excepcional de un asegurado que quiso pagar el cirujano de su elección fuera del cuadro médico de la compañía, figura que el anestesista es Maeso. En este supuesto, la declarante ha explicado que recibieron una llamada de la Casa de la Salud de una persona en nombre de Sor Lucía, en la cual los informaba del que había sucedido.

En relación con Adeslas, consta que 22 de los afectados eran asegurados suyos y de ellos, la mayor parte, 14, la factura se giró contra la sociedad Asistencia Anestésica y Cuidados Intensivos S.L. y únicamente una consta a nombre de Maeso. Por Asisa, con 32, ha asegurado su representante que de parte de la lista de afectados únicamente los consta la imputación pero no el pago de las asistencias. En algunos casos, ha reconocido que sí constaba Maeso.

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